Una solución tradicionalista: el problema separatista.

Una solución tradicionalista: el problema separatista.

Históricamente, los procesos secesionistas han tenido lugar en épocas de crisis políticas y económicas, en las que hay una tendencia generalizada a buscar una solución a la situación mediante nuevos valores morales y proyectos políticos alternativos. En el caso catalán, esto ha venido de la mano de una crisis económica de escala global, en la que se encuadra con una oleada de nacionalismos que han estallado, entre otros, en Escocia (Reino Unido), Patagonia (Argentina) y California (Estados Unidos), y en particular de la crisis económica y política española, que se ha traducido en una debilidad extrema del Estado, incapaz de asegurar su integridad política ni el cumplimiento de la ley y que ha cedido progresivamente más poder por parte de los gobiernos de turno (PP y PSOE), que a cambio de apoyos para gobernar han aumentado las competencias de los gobiernos controlados por los separatistas, de forma que la debilidad del Estado en Cataluña y su incapacidad para hacer cumplir la ley es una consecuencia lógica de esta cesión de poderes.

A cambio de votos para poder gobernar por no contar con
mayoría absoluta, el PP y el PSOE han aumentado las competencias
de las autonomías catalanas y vascas, controladas por separatistas.

Los separatismos españoles surgieron a principios del siglo XIX. Al principio comenzaron como simples regionalismos, movimientos de reacción contra el centralismo de los gobiernos liberales y de reivindicación de la identidad regional. En un primer momento, los separatistas se limitaban a un puñado de excéntricos burgueses bilbaínos y barceloneses, sin embargo esta situación cambió como resultado del desastre del 98, dentro de España estalló una grave crisis de identidad, pasando España de ser indiscutiblemente una nación a ojos de los españoles, a sufrir un problema de identidad, el famoso problema de España. En este contexto de duda y desorientación, los nacionalismos separatistas, principalmente el vasco y el catalán, alzados como alternativa a una España derrumbada política y moralmente, adquirieron una fuerza inusitada, originándose los problemas vasco y catalán tal y como los conocemos.

La pérdida de las provincias de Ultramar tras el Desastre del 98,
provocada por el escaso interés del Gobierno español en una guerra 
larga, provocó una gravísima crisis de identidad en España, 
favoreciendo la extensión del separatismo.

Durante la etapa final del Franquismo y los años de la Transición es cuando se perfiló la situación nacionalista actual: los nacionalistas, antiguos colaboracionistas y anti-franquistas de última hora, obtuvieron un inmerecido prestigio político dentro de las fuerzas demócratas, que les colocó entre los “vencedores” tras la dictadura, obteniendo una posición de privilegio en el panorama político que les permitiría acceder al control de los gobiernos regionales catalán y vasco, sobre los que han gobernado hasta el presente casi sin interrupción como auténticos feudos políticos, a través de los que han inoculado el independentismo a las masas catalanas y vascas. Los separatistas adquirieron un lugar importante en la redacción de la Constitución del 78 y en los estatutos de autonomía, que cubrirían ciertas demandas suyas, como la posibilidad de una anexión de Navarra a País Vasco, e incluso, en un vano intento de conciliar las aspiraciones de los nacionalistas, la doctrina oficial definiría a España como una nación de naciones, lo que en concordia con el principio de Estado-nación vigente hoy en día, constituye un suicidio político.

Las escuelas públicas y otros organismos de influencia social,
bajo competencia de las Comunidades Autónomas, han permitido a
los separatistas contar con armas de adoctrinamiento de masas de 
primer orden, permitiendo un gran aumento del secesionismo.

Ahora bien, ¿cuál es la forma de dar solución a esta situación? La respuesta a esta pregunta no lo pueden dar los partidos políticos que han sido responsables de la situación catalana actual por su codicia de poder y sus pocos escrúpulos, ni mucho menos en los partidos y movimientos que son favorables al descuartizamiento de España. Tampoco puede encontrarse en partidos “constitucionalistas”, favorables a una actuación en el marco político actual, pues si una minoría puede acceder al poder político e implantar sus ideas a la población, es porque existe un sistema político que da pie a ello, lo que es más grave cuando se supone que ese sistema política implica el gobierno de la mayoría.

En primer lugar, el motivo principal que ha dado lugar a la proliferación de los independentismos en toda la geografía española desde Galicia a Canarias ha sido, como ya se ha visto en la exposición histórica del problema, es el problema de identidad provocado por los gobiernos españoles desde 1833 y el Desastre del 98. Para solucionar el problema de los nacionalismos, es preciso solucionar el problema español, lo que se debe hacer mediante un retorno a los principios tradicionales hispánicos, que fueron los principios generadores de nuestra nación, de nuestra historia y de nuestras glorias, y cuya pérdida ha ido pareja a la decadencia española.



El catolicismo como forjador de España y como causa espiritual 
hispánica, el viejo concepto de Las Españas, y la Monarquía Católica 
como representante de la tradición española, han de volver a ser las 
bases de la identidad hispánica y de la comunidad política española.

En segundo lugar, si se quiere extirpar el nacionalismo, es preciso un sistema político que asegure la integridad de la comunidad política, que no permita la entrega de poder a separatistas como parte de las luchas políticas de los partidos y que no permita que una minoría sediciosa pueda alcanzar el poder. Nosotros los carlistas creemos que el sistema político más conveniente para realizar lo arriba expuesto es una monarquía católica, tradicional, social y representativa, que con el principio monárquico asegure un gobierno estable que no necesite de pactar con separatistas para gobernar con normalidad y que pueda realizar planes de gobierno duraderos que no cambien según el vaivén de los partidos políticos, que con una estricta separación entre la representación y el gobierno, un férreo control de los representantes por parte de los representados y el empleo del mandato imperativo en la representación, asegure una representación auténtica, que impida el acceso al poder a minorías políticas y sediciosas.

La Unidad Católica, una monarquía que reine y gobierne,
la autarquía de los cuerpos intermedios y unas Cortes tradicionales
son los principios de la Monarquía Católica, Tradicional, Social y
Representativa, defendida por los carlistas y encarnada en la dinastía 
proscrita, inaugurada por don Carlos María Isidro de Borbón, Carlos V. 

Sólo de esta forma se podrá dar fin último y definitivo a este problema centenario que son los separatismos españoles, pues aunque se pueda solucionar el problema al margen de la situación actual, éste volverá a resurgir a corto plazo, no dándosele nunca solución definitiva sin que España quede desmembrada.