Retomada la olvidada polémica en torno a "la Manada" a raíz de la sentencia dictada contra ellos, las reacciones provocadas en la sociedad, los medios y algunas reflexiones de medios alternativos, tales como algunos canales anti-feministas de Youtube o la discusión en el seno del foro
Hispanismo.org me han suscitado una serie de reflexiones.
La primera reflexión es que la democracia en España está cavando su propia tumba. El mantenimiento del ordenamiento jurídico es la principal obligación de todo gobierno, legítimo o usurpador, y si es incapaz de llevar a cabo esta función, el Gobierno no tiene ninguna razón de ser. No olvidemos que el motivo que legitimó el Alzamiento del Ejército contra la Segunda República, a la que habían jurado lealtad, fue precisamente el mantenimiento del orden público, algo que la República no podía hacer por la grandísima fuerza de los partidos políticos, que no respetaban la legalidad, principalmente los de izquierdas, y cuyo mayor exponente de incapacidad fue el asesinato del líder opositor derechista Calvo Sotelo. Pues bien, estamos en el mismo camino.
Mariano Rajoy, cabeza suprema del gobierno (ilegítimo) de España, ya había firmado la sentencia de muerte del Estado/Democracia cuando fue incapaz de actuar, primero cuando un gobernante regional, Artur Mas, convocó un referéndum ilegal de secesión. Y luego cuando el mismo gobierno regional, encabezado esta vez por Carles Puigdemont, trató de proclamar la independencia, nuevamente no sólo no se hizo nada, sino que después de que el Tribunal Supremo mandase la intervención en Cataluña y se aplicase con suma lentitud el artículo 155, no se aprovechó la situación para desmontar toda la maquinaria separatista. Ahora y definitivamente, Rafael Catalá, máximo dignatario de la Justicia en España, ha puesto en tela de juicio la sentencia dictada por un juez y todo el buen juicio de la instituciones judiciales españolas.
Cuando Catalá ha puesto públicamente una sentencia y todo el mecanismo judicial español en duda, y ha pretendido influir en una sentencia, no sólo ha puesto en duda el dogma democrático del
Estado de Derecho, sino también el gran dogma de la
división de poderes, al pretender un ministro, representante del
poder ejecutivo, influir en el
poder judicial, algo ya grave de por sí en una sociedad sana, pero aún más en la que la división de poderes es dogma constitucional. Pero lo peor de todo es que no ha sido el único, sino que diversas asociaciones de jueces se han sumado al ministro; el partido político gobernante, grandes masas populares y partidos políticos que pretenden el gobierno (uno de ellos, el PSOE, que considera que la
sentencia social —o sea, la opinión pública— ha de ponerse por encima de una sentencia judicial) rechazan públicamente esta sentencia y pretenden que se cambie, influyendo así en ella. Con esto, Catalá no sólo ha erosionado gravemente la autoridad de las instituciones judiciales, enfrentándose directamente al Consejo General del Poder Judicial y a otras instituciones judiciales, sino que ha debilitado la propia autoridad del gobierno, pues es común que cuando dos instituciones tienen un conflicto en torno a sus competencias, la autoridad de ambas acaba resquebrajada.
Lo peor de todo es que la duda del ordenamiento jurídico no es la primera vez que pasa (ya han existido, dentro y fuera de España, múltiples movimientos que defienden a los inmigrantes que han pasado a un país sin respetar sus normas de inmigración, queriendo consolidar esto dichos movimientos), sino que cuando estalló toda la cuestión con el golpe de Puigdemont, múltiples partidos políticos hablaron a favor del
diálogo con el golpista, y muchos otros más incluso le apoyaron directamente, siendo los responsables de que la aplicación del 155 fuera tan tardía y tan tímida, causando estos partidos no sólo la desacreditación del ordenamiento vigente, sino la suya propia.
Mi segunda reflexión, vista la reacción de los partidos políticos, es que España está gobernada o "representada" por unos trastornados mentales. Otros ya han señalado que los mismos partidos políticos y movimientos que hoy reclaman que rueden las cabezas de los de la Manada (a veces, literalmente), fueron los mismos que en el caso de Diana Quer, hablaban contra esa parodia de condena perpetua que llaman bajo el eufemismo
prisión permanente revisable, diciendo que no había que
legislar en caliente, y fueron los mismos que en el caso del niño Gabriel defendieron a la asesina del muchacho, acusando indirecta y directamente de xenofobia y racismo a los policías, los medios y la sociedad, por encerrarla y condenarla. Ante esta gente que pretende gobernar España o que trata de influir de alguna manera en el Gobierno, cabe preguntarse que clase de trastornados son para pedir benevolencia por asesinos y criminales cuya culpa está archidemostrada, pero pretender condenar a unos sujetos cuya culpabilidad se ha puesto en duda judicialmente (a pesar de su inmoralidad expresa, y de que, como tengo entendido, tienen pendiente un caso del que hay pruebas fehacientes de que sí son culpables), imponiendo además reformas al sistema judicial que dejarían la puerta abierta a condenas arbitrales. Ante estos trastornados, cabe preguntar por qué gente que todavía se cuestiona cómo puede existir un sistema que, por ejemplo, discrimina a los hombres en los procesos judiciales.
No soy experto en psicología ni psiquiatría, aunque hay gente que habla sólo de hipocresía, pero es evidente que existe un trastorno, tal vez trastorno de doble personalidad. Pasa, como ya ha señalado Juan Manuel de Prada —haciéndose eco de una célebre sentencia de Vázquez de Mella—, que vivimos en un tiempo tan absurdo que
pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias; y es que efectivamente los mismos que aplauden la
revolución sexual, la decadencia de la moral tradicional y la inmoralidad manifiesta son los mismos que se escandalizan ante la
Generación Porno, ante una violación de un niño por otros niños o ante casos como este de la Manada, cuando una muchacha accede a tener relaciones sexuales en grupo con varios desconocidos y no se da cuenta de que la van a tratar como un objeto o que practicar una orgía lúbrica con desconocidos no es buena idea, cuando la han tratado tan mal y la han vejado tanto, que la chica sale creyendo que la han violado (que efectivamente creo que es lo que pasó). Pues bueno. Esta gente que actúa como creyendo que los actos no tienen consecuencias y que dicen un día azul y al otro verde, es en manos de quién estamos.
Mi tercera y última reflexión es la necesidad urgente que tenemos para salir de esta situación de recuperar la Unidad Católica. Parece que el hecho de la Unidad Católica no tiene demasiada relación con un problema que como mucho es judicial o social, pero de hecho porque es judicial y social requerimos la Unidad Católica.
En un Estado
laico,
confesional,
tolerante y
abierto se da la contradicción de que en un Estado donde se supone que gobierna el pueblo, los gobernantes jamás en toda la historia han estado separados tanto de su pueblo. Para ellos, fiestas como San Fermín (en la que tuvieron lugar los sucesos de la Manada) no son las fiestas religiosas que fueron en su momento sino simples hechos folclóricos que sólo se toleran porque dan ingresos a las arcas municipales. Por ello, no son capaces de tratar una fiesta como se merece, ni legislar para que los comportamientos sociales sean los que deberían, porque sencillamente no los conocen, ni aún entienden. De esta manera, no son capaces por ejemplo de impedir ropa no apropiada, de limitar la venta de alcohol, ni siquiera de limitar la entrada masiva de turistas, evitando así que estas fiestas se conviertan en bacanales y que los escándalos derivados se produzcan, pues en ese caso se reducirían sus ingresos, y para no comportarse de forma
retrógrada deciden hacer campaña contra el
machismo, lo que supone molestar a la sociedad con siempre lo mismo, insultarla gratuitamente y no solucionar el problema, pues la raíz del mal sigue ahí, y al verdadero
machista le dará igual lo que le llamen.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, este tipo de comportamientos se seguirán repitiendo hasta que no se varíe la "antropología oficial" y se acepte que existen unos comportamientos que son moralmente reprobables se ejecuten con buena intención o con consentimiento, o no, y que deben ser limitadas o incluso prohibidas, como es el caso (que varios hombres yaciesen a la vez con una mujer estaba penado en las Siete Partidas de Alfonso X, penándose independientemente de que hubiese consentimiento de la mujer). Para ello, se necesita construir un sistema moral fuerte y bien estructurado, y el mejor que conocemos radica en el cristianismo, pues no en vano ha logrado funcionar durante casi dos mil años. También es preciso que las sociedades cristianas sobrevivan, mientras que, por el contrario, el actual sistema ha llevado a un sistema demográfico insostenible en que la sociedad se haya amenaza por la destrucción tanto por el problema de las pensiones (los trabajadores activos no pueden pagar las pensiones de los jubilados si hay más jubilados que población joven) como por sustitución demográfica, por atraer poblaciones ajenas cultural y geográficamente para paliar los efectos de las pensiones y el sistema demográfico.
