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| En 1898, en un cúmulo de circunstancias que fácilmente se podrían haber evitado, España pierde la guerra con Estados Unidos, y se ve obligada a reconocer la independencia de Cuba, bajo tutela estadounidense, a entregar las islas Filipinas y las islas de Puerto Rico y Guaján (Guam) a EEUU, y, en 1899, a vender los archipiélagos de las Carolinas y las Marianas a Alemania. La derrota provocará una severa crisis moral que incentivará los nacionalismos vasco y catalán, que hasta ahora no han desaparecido. |
Ahora mismo, la situación en la que nos encontramos nos plantea la misma disyuntiva. La celebración de un referéndum ilegal con Artur Mas y el intento de secesión con Puigdemont, todo ello ante la pasividad de Mariano Rajoy, ha demostrado la debilidad del Estado. La moción de censura ha eliminado cualquier ilusión de que los partidos políticos busquen algo más que poder y, finalmente, la gran avalancha de inmigrantes ilegales, de robos y otras situaciones de delincuencia en todo el período de verano demuestra la incapacidad jurídica y material de las fuerzas del orden de mantener la seguridad en España. La situación delicada ante el separatismo, un feminismo que amenaza con un estado totalitario y un Islam y una emigración masiva que amenazan con destruir todo lo que conocemos, hará que en un futuro más o menos cercano se busque una nueva fórmula política para resolver la situación.
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| La decisión del gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de exhumar los restos mortales del General Francisco Franco ante la protesta de su familia y violando los convenios internacionales con la Santa Sede (con la actitud cómplice, no obstante, de la Conferencia Episcopal) demuestra, viniendo de parte de un gobernante que no ha ganado unas elecciones, que es la fuerza y no el Derecho lo que rige en España. |
Esta búsqueda de una nueva alternativa es bastante más obvia en el extranjero que en España, donde se ha buscado la elección de Trump, del nuevo gobierno italiano anti-inmigración y se ha desarrollado el Brexit como fórmulas transitorias para resolver problemas similares; mientras, poco a poco se va formando una base social, que, al menos en las redes, busca un diagnóstico del problema. Sin embargo, tarde o temprano, esta base deberá darse cuenta que no bastará con remediar una serie de problemas, sino que es necesario remediarlos todos a la vez. En el caso español, los problemas más importantes que encontramos los siguientes:
- Partidos políticos que no cumplen su supuesta función de representación, antes bien, no son más que lobbies que no atienden sino a sus intereses. Cuando estos partidos están en el gobierno provocan una severa inestabilidad de políticas y programas, sacrifican intereses a largo plazo por los intereses a corto plazo y arriesgan la supervivencia del país a cambio de sus intereses políticos.
- Nacionalismos separatistas con grandes focos en Cataluña y las Provincias Vascongadas; focos secundarios en Navarra, Valencia, Baleares y Canarias; y minoritarios en Andalucía, Galicia, Asturias y literalmente en todas las demás regiones españolas.
- Sistema de pensiones y de seguridad social muy débil por su propia estructura y administración; y sistema de gastos públicos gigantesco debido a las excesivas funciones del Estado por el Estado del Bienestar y a la gigantesca burocracia del Estado de las Autonomías.
- Incapacidad de mantener el orden público. Las fuerzas del orden no son capaces de proteger el derecho a la vivienda por el fenómeno "okupa", el sistema jurídico no es suficientemente duro contra ladrones y criminales, y la legislación actual impide actuar contra la inmigración ilegal masiva que amenaza nuestras fronteras. A su vez, la inmigración masiva puede provocar nuevas amenazas contra la seguridad ciudadana a causa del terrorismo islámico y los altos índices de delincuencia provocados por la población extranjera, amenazando con convertir España en un país con altos índices de ataques terroristas como Inglaterra, Francia o Bélgica o que las ciudades acaben en estado de guerra por la criminalidad extranjera como Alemania o Suecia.
- Desintegración de todo el tejido social del país y ataques constantes a la propia nacionalidad, favorecidos por las instituciones públicas. Nuestras tradiciones y nuestra identidad llevan siendo amenazadas desde hace cincuenta años por los gobiernos nacionales mediante los procesos de secularización, la ruptura de la unidad religiosa, la destrucción de tradiciones, la aniquilación demográfica del campo y el apoyo al separatismo. Por su parte, los procesos de divorcios, la histeria colectiva provocada por el feminismo y el progresismo en general, el ataque a la familia por parte de la ideología de género y la sustitución demográfica de población autóctona por población extranjera supone un asalto al fundamento y el tejido mismos de la sociedad.
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| Los recientes asaltos a la valla de Melilla se han perpetrado por asaltantes que han atacado a la Guardia Civil con ácidos y cal viva. A pesar de cruzar la frontera ilegalmente y de haber agredido a las autoridades, se les prestará asistencia pública. El gobierno desatiende este caso y otros similares contra el orden público, pues considera prioridad absoluta el traslado de los restos de Franco. |
El paso previo para la solución de estos problemas exige la eliminación de los elementos que evitan que se solucionen e incluso que los causan y fomentan. Estos elementos son los partidos políticos que rigen el gobierno, elaboraron la Constitución de 1978, la incumplieron, favorecieron el separatismo, desarrollaron el desmantelamiento de España y trajeron el Islam y la inmigración masiva. El primer paso exige la eliminación de estos patógenos, ya la segunda fase exige el diagnóstico y el remedio.
Eliminados los partidos políticos, los siguientes patógenos que deben ser eliminados son la inmigración masiva, el separatismo y la inseguridad ciudadana, y para ello el problema común es la debilidad del Estado. Con un sistema político incapaz de actuar contra los sectores que quieren la destrucción social, de mantener el orden público y el respeto a la ley ni de intervenir tajantemente en un situación de emergencia, nunca se podrá llegar a ninguna parte, por lo cual se debe lograr un mando política y jurídicamente fuerte y estable, y lograr que las fuerzas de seguridad puedan actuar para mantener el orden público mediante una reforma jurídica, o incluso en su deficiencia, la propia población, comenzando en primer lugar por reconocer a la legítima defensa personal, de la propiedad y de terceros.
El otro gran problema es aparentemente contradictorio al ya citado, que es lo relativo al gasto público. El Estado de las Autonomías y el llamado «Estado del Bienestar» exigen una gran cantidad de financiación que no se pueden afrontar mediante los ingresos ordinarios del Estado, sino que requiere de una gran cantidad de emisión de deuda exterior. Y esto no es problema exclusivamente español. Conectado con el mismo problema, el sistema de pensiones se ha organizado de una forma insostenible a largo plazo, y su mantenimiento está tocando a su fin, con las terribles consecuencias que tendrá para la población. Ambos problemas exigen por un lado un cambio radical en el sistema económico y de asistencia social, y por otro lado, una reducción radical de las funciones del Estado y en consecuencia del gasto público, que preferentemente deberá volver a la sociedad.
Por último, la destrucción de España exige reconsiderar lo que es España para así poder establecer unas relaciones saludables entre las regiones y el gobierno central, lanzar un golpe de muerte al separatismo, responder a la islamización, recuperar nuestras tradiciones y nuestra identidad colectiva y poder obtener una unidad social decente.
En resumen, una fórmula política que nos saque de este desastre al que nos vemos avocados requiere de tres cosas: mando político fuerte, descentralización y afirmación colectiva.
Eliminados los partidos políticos, los siguientes patógenos que deben ser eliminados son la inmigración masiva, el separatismo y la inseguridad ciudadana, y para ello el problema común es la debilidad del Estado. Con un sistema político incapaz de actuar contra los sectores que quieren la destrucción social, de mantener el orden público y el respeto a la ley ni de intervenir tajantemente en un situación de emergencia, nunca se podrá llegar a ninguna parte, por lo cual se debe lograr un mando política y jurídicamente fuerte y estable, y lograr que las fuerzas de seguridad puedan actuar para mantener el orden público mediante una reforma jurídica, o incluso en su deficiencia, la propia población, comenzando en primer lugar por reconocer a la legítima defensa personal, de la propiedad y de terceros.
El otro gran problema es aparentemente contradictorio al ya citado, que es lo relativo al gasto público. El Estado de las Autonomías y el llamado «Estado del Bienestar» exigen una gran cantidad de financiación que no se pueden afrontar mediante los ingresos ordinarios del Estado, sino que requiere de una gran cantidad de emisión de deuda exterior. Y esto no es problema exclusivamente español. Conectado con el mismo problema, el sistema de pensiones se ha organizado de una forma insostenible a largo plazo, y su mantenimiento está tocando a su fin, con las terribles consecuencias que tendrá para la población. Ambos problemas exigen por un lado un cambio radical en el sistema económico y de asistencia social, y por otro lado, una reducción radical de las funciones del Estado y en consecuencia del gasto público, que preferentemente deberá volver a la sociedad.
Por último, la destrucción de España exige reconsiderar lo que es España para así poder establecer unas relaciones saludables entre las regiones y el gobierno central, lanzar un golpe de muerte al separatismo, responder a la islamización, recuperar nuestras tradiciones y nuestra identidad colectiva y poder obtener una unidad social decente.
En resumen, una fórmula política que nos saque de este desastre al que nos vemos avocados requiere de tres cosas: mando político fuerte, descentralización y afirmación colectiva.
La eliminación de la partitocracia y el establecimiento de un mando fuerte exige sustituir el régimen político y constitucional existente desde 1978. Esto nos deja con dos opciones políticas: régimen personal, al estilo las tiranías griegas o similar a la Rusia de Putin, ya sea permanente o transitoria, y una monarquía católica, tradicional, social y representativa, como la plantearon los clásicos carlistas.
La descentralización exige lo que Vázquez de Mella llamara Regionalismo con R mayúscula, es decir, que el Estado devuelva sus competencias naturales a las regiones, las regiones a los municipios, los municipios a las escuelas, organizaciones laborales, etc., y finalmente a las familias y los individuos. Este sistema permitiría reducir las competencias del Estado y sus funciones, dejándolo en este aspecto en una mera función auxiliar, lo que permitiría reducir tanto el gasto público como la burocracia que requiere atender estas funciones tanto a nivel estatal como de las autonomías.
La necesidad de un equilibrio entre dos cosas tan aparentemente contradictorias como el reforzamiento del Estado y la descentralización del Estado indican que la mejor opción política que nos planteamos es una monarquía tradicional, pues el régimen monárquico hereditario (de GOBIERNO) permite una mayor estabilización política y la capacidad de desarrollar un programa a largo plazo sin temor a que gane otro partido y lo deshaga, y por otro el sistema tradicional de Fueros y Libertades y la aplicación del principio de subsidiariedad de la Doctrina Social de la Iglesia permite devolver a los cuerpos sociales sus legítimas competencias y descargar al Estado de múltiples funciones.
De igual manera, el sistema de Cortes orgánicas permite reducir del gasto público el salario de los diputados y del gasto de las elecciones (los procuradores son delegados de los cuerpos intermedios a los que representan, con mandato imperativo, organizándose en ciertas corporaciones, por los que éstas deciden mecanismos de elección, ante estas rinden cuestas y estas se encargan de los gastos, pues de hacerlo el Estado, implicaría un importante riesgo de ser mediatizados por él), así como otros gastos como el sistema bicameral o las Cortes perpetuas. Además, el sistema representativo tradicional, al exigir obligatoriamente la aprobación de la representación política en materias clave, permitiría reducir la emisión de deuda pública y la presión fiscal, al hacerse bilateralmente y de forma responsable por ambos lados.
Finalmente, un concepto coherente de España exige la recuperación de la tradición nacional, siendo conscientes de aquello que se debe proteger, reaccionado contra el Islam y la inmigración masiva, y luchando por proteger nuestras tradiciones y nuestra sociedad. Esto exige volver al concepto de España Católica, la Hispanidad y la "evangelizadora de la mitad del orbe", restituyendo una ortodoxia pública (conjunto de verdades compartidas y necesarias para la vida en sociedad), el viejo régimen de las Españas y poniendo las bases para restablecer a medio o largo plazo la unidad social mediante la unidad religiosa, recuperar las viejas tradiciones y repoblar nuestros deshabitados pueblos.
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| S. A. R. Don Sixto Enrique de Borbón, depositario de los derechos a la Corona de España como heredero de D. Carlos María Isidro (Carlos V), a partir del cual se desarrollaron las Guerras Carlistas y el movimiento que lleva su nombre. |
Estas son las consecuencias del ideario abanderado durante casi 200 años por el carlismo español; y se nos antoja como el único remedio para esta situación. La adopción de una solución menos drástica y no rupturista lo único que hará será resolver algunos problemas y mantener otros, atrasando lo inevitable y arriesgándonos a que los pocos problemas que se solucionen vuelvan a aflorar a posteriori.
Confiar para esta delicada misión a la dinastía isabelina sería repetir el mismo error que Franco cometió hace cincuenta años, pues difícilmente Don Felipe dejará atrás los prejuicios de nuestro tiempo y hará lo que su padre no quiso hacer. Confiar, por el contrario, en la llegada de un partido mesiánico constituiría repetir los errores que llevamos cometiendo nosotros desde hace medio siglo, y, si me apuran, dos siglos, pues un sistema que requiere de un personaje concreto para funcionar bien, no merece conservarse. Y aunque no fuera así, un partido político salvador siempre arriesga a perder las elecciones, y que otros deshagan su trabajo, reduciendo sus opciones de eficacia a solucionar todos los problemas en cuatro u ocho años para luego perder el poder, o arriesgarse a perpetuarse en el poder.
Si esta solución no se aplica, nuestras posibilidades son las siguientes: que España se convierta en nueva Yugoslavia; la anarquía, provocada por la inestabilidad civil y política y empeorada por una numerosa población inmigrante; luchas sociales y el terrorismo islámico; un Estado semi-totalitario controlado por el feminismo, el lobby LGBT y/o la ideología de género; un Estado totalitario al estilo de Cuba o Venezuela encabezado por Podemos o el PSOE; o una España musulmana, en cuanto la población musulmana supere a la española autóctona, y disponga de fuerza política suficiente para instalar un Estado islámico. Ninguna opción excluye necesariamente a las otras.
Estas son nuestras posibilidades, cada una peor que la anterior. Si no cortamos el problema que padecemos de raíz y levantamos un sistema político alternativo, abanderado por Don Sixto Enrique de Borbón o su sucesor legítimo, nuestro futuro será tan negro como el petróleo.
Estas son nuestras alternativas: Don Sixto o el petróleo.
