La sociedad post-cristiana como un Reinado Social de Cristo distorsionado.
Ahora bien, yendo a una perspectiva moralista cabe preguntar si el régimen del bienestar actual podría responder, por su preocupación por el prójimo, a los criterios del Reinado Social de Cristo. Y aunque parezca extraño, la respuesta es que SI. La Quas Primas resume el contenido del Reinado Social de Cristo como el sometimiento de las naciones y la gobernación de los Estados en la santísima Ley de Jesucristo, que se puede resumir en el mandato "amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo”. Por supuesto, en contra de esto se puede aducir que la primera mitad del mandato no se cumple; pero en cambio el régimen actual se basa a nivel moral en la segunda parte del mandato evangélico. Y ése es el problema: un problema que nos entra en relación con la muerte de Noelia Castillo y con el debate relacionado con la prioridad nacional.
El Estado del Bienestar se construye en términos morales en base a una caridad distorsionada, o mejor dicho: una caridad aislada de otras virtudes y principios, y que oficialmente se conoce como la empatía. Chesterton decía que las ideas del mundo moderno son ideas cristianas que se separaron unas de otras y en consecuencia se volvieron locas. Es lo que ha sucedido en la actualidad con la Caridad, entendida hoy como una especie de humanismo buenista y sensiblero. Este buenismo defiende ideas loables a priori, pero si se aplica en una sociedad concreta con problemas concretos termina siendo desastroso. Pensemos en el ejemplo de Irene Montero al que hemos aludido anteriormente: el exceso de empatía hacia el criminal (muy común en la izquierda) da lugar al amparo de los criminales y la consiguiente desprotección de toda la sociedad. Algo que, en resumen, atenta tanto contra la Prudencia, como a la Justicia y a la propia Caridad.
La política desde la perspectiva de las virtudes.
Tomado de la filosofía griega, el sistema ético cristiano gira en torno a las cuatro virtudes cardinales: Justicia, Prudencia, Fortaleza y Templanza; que se complementa por las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. Muchos de los tratados políticos hasta el siglo XVIII, eran indicaciones morales a los gobernantes, y solían insistir en cada una de las virtudes. Así mismo, en el sarcófago de los Reyes Juana I y Felipe el Hermoso podemos encontrar la representación alegórica de las virtudes cardinales, las virtudes teologales y las artes liberales; y así mismo, en diversos monumentos políticos de la época monárquica (Edad Media y Moderna) es muy común encontrar asociados a las expresiones del poder político representaciones de las virtudes cardinales. Aquí en Granada, además del sarcófago de los padres del Emperador, los podemos encontrar en los relicarios de la Capilla Real, la portada de la Real Chancillería y la cúpula de la iglesia del Monasterio de la Cartuja junto a las armas reales.
Esto no es un mero brindis al Sol. La Justicia era el atributo principal del poder, relacionable con la virtud cardinal de la Justicia. La Fortaleza es la virtud necesaria para para defender un reino y es la virtud necesaria, como fuerza física y como voluntad, para la imposición de la Justicia y el Estado de Derecho. La Prudencia, entendida como la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y entre cuándo es “tiempo para la paz y tiempo para la guerra”, es la virtud política por antonomasia. La templanza con la clemencia, entendida como la no aplicación del rigor de la justicia de acuerdo a lo establecido por Séneca en su Tratado de la clemencia, o de saber equilibrar las distintas virtudes entre sí. Adicionalmente, podemos relacionar la Caridad con el bien común o el servicio al pueblo, y la Fe con la virtud de quién cumple los contratos y los juramentos.
Vista lateral izquierda del sarcófago de Juana I y Felipe el Hermoso, además de elementos heráldicos, se pueden observar diversas figuras alegóricas -no siempre identificables por el deterioro- que representan las virtudes cardinales, las virtudes teologales y las artes liberales, que representan el ideal de monarquía cristiana y renacentista.
Tomando este concepto, es posible comprender el régimen actual de cara a las virtudes teologales: y más, en particular, se puede caracterizar como de injusticia absoluta. Así, nos encontramos con el fenómeno de las okupaciones: usurpaciones de viviendas u otros inmuebles en los cuales la Administración elige ponerse del lado de los criminales en vez de proteger el derecho a la propiedad de las víctimas. Con el fenómeno de la inmigración ilegal: extranjeros que ingresan de forma ilícita al país, recibiendo posteriormente ayuda por parte de la Administración o incluso siendo “premiados” vía regularización. La incapacidad legal (o falta de voluntad) de las fuerzas del orden público para actuar contra criminales o de retener a criminales reincidentes, combinado con la práctica inexistencia del derecho a la legítima defensa en España o de cualquier medio que permita actuar a la sociedad en caso de incompetencia del Estado generan un estado de impunidad para los criminales y consecuente indefensión para el resto de la sociedad. A todo esto cabe añadir las propias injusticias del sistema legal, a veces incluso en contradicción manifiesta con sus principios constitucionales, como es el caso de la situación de discriminación por parte de las leyes feministas por todos conocidos, los “delitos de odio” –prácticamente un caballo de Troya contra la libertad de expresión—, el sectarismo de la Ley de Memoria Histórica, y un largo etcétera.
En último lugar, debido a las consecuencias a nivel de alta política que acarrea, cabe destacar el trato de favor concedido a Cataluña y País Vasco con el consiguiente agravio comparativo con respecto a las comunidades que sí se han mostrado leales al Estado y el mensaje transmitido al resto de Comunidades Autónomas de que la deslealtad institucional conlleva trato de favor. El crecimiento del nacionalismo andaluz seguramente responde a este fenómeno, así como al mayor status social que se ha concedido a la población nacionalista con respecto a los fachas -prácticamente lo más bajo de la escala social hasta hace unos años- y con particular atención al fetiche pronacionalista de la izquierda española (todos los andalucistas son rojos). Así mismo, es de destacar las consecuencias de la inversión de las prioridades de la política española con respecto a su población: la Justicia es darle a cada uno lo suyo, y los gobernantes, en consecuencia, se deben a las necesidades de su población con respecto a los extranjeros. En este aspecto, tenemos las pretensiones del Gobierno Nacional de establecer sanidad gratuita y universal a todo el mundo sabiendo que hay listas de espera muy prolongadas, a Isabel Ayuso sacando pecho del crecimiento demográfico de Madrid cuando en la Villa y Corte no se puede encontrar casa para alquilar, y las que se encuentran están a precios muy elevados, o a Málaga intentando fomentar el turismo mediante una Comic-Con pésimamente gestionada cuando el centro de esta ciudad está muy tensionado por el turismo.
Noelia Castillo, exceso de empatía y prioridad nacional.
Además de este
sistema de injusticia absoluta al que cabe añadir la incapacidad del sistema
legal de hacer cumplir los propios constitucionales –el derecho al uso a la
lengua española en aquellas comunidades que son bilingües se haya muy limitado
por las Administraciones Autonómicas (algunas en manos del PP) por
ejemplo— el panorama ético-moral legal
encuentra su base en lo que podríamos denominar una caridad distorsionada.
La empatía puede definirse como un amor abstracto por la humanidad o una caridad exacerbada no limitada por las otras virtudes: en particular, la Justicia, la Fortaleza ni la Prudencia. Este amor exacerbado por los criminales, por ejemplo, trae como consecuencia limitar la acción de las Fuerzas del Orden o rechazar la función punitiva y disuasoria del sistema penal, y esto a su vez genera la sensación de impunidad entre los criminales y que combinado con la práctica inexistencia del derecho a la legítima defensa en España da lugar a una indefensión absoluta por parte de la sociedad. Así mismo, la compasión a los inmigrantes ha llevado a la actual política pro-inmigración del Gobierno de España, sin tener en cuenta las consecuencias de una constante recepción de inmigrantes durante un tiempo prolongado a efectos de transformación demográfica, presión sobre el mercado del alquiler o el mercado laboral fruto del incremento de la población, criminalidad, o incluso la sobresaturación de servicios públicos por la demanda de éstos –cabe destacar el estado del Metro de Madrid—; y, mucho menos, en relación con el contexto determinado del país, como la actual situación de la vivienda, las “listas de espera” en Sanidad o el mercado de trabajo: situaciones sociales que se harán aún más extremas con la constante llegada de la población extranjera.
Es aquí donde la cuestión enlaza con la prioridad nacional y Noelia Castillo. Por un lado, la prioridad nacional se relaciona con un deber de justicia y de prudencia: el gobierno se debe antes a los nacionales que a los extranjeros, y en un contexto de escasez de recursos deben fijarse prioridades. Por otro, ésta se ha rechazado por medio de la empatía, la cual a día de hoy constituye el mecanismo más útil para manipular a la opinión pública occidental. Ésta ha sido el mecanismo por el que a nivel público se ha justificado la eutanasia de Noelia: se ha explotado la compasión provocada por su estado y su deseo de morir, y se ha tachado de poco menos que psicópata, fanático y enemigo de la humanidad a quién se ha posicionado en contra de ello. Para colmo, el caso de Noelia Castillo es paradigmático con el estado de injusticia por defecto del sistema legal español: se trata de una víctima de violación (varias, de hecho) que se intentó suicidar fruto de una de ellas, y que no sólo no se han llevado al juzgado, sino que la muerte de Noelia ha garantizado que dichas violaciones queden impunes.
(Continuará…)
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