Órgano del Círculo Tradicionalista General Carlos Calderón

Órgano del Círculo Tradicionalista General Carlos Calderón leal a S.A.R. el Duque de Aranjuez Don Sixto Enrique de Borbón y al ideario católico-monárquico.
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martes, 10 de mayo de 2016

Entrevista al Marqués de Villores, Jefe Delegado de la Comunión Tradicionalista, en el periódico El Siglo Futuro (1931)

UNA INTERVIÚ IMPORTANTE

Interesantes declaraciones del señor marqués de Villores, delegado del señor duque de San Jaime

Programa de actuación tradicionalista


Llamamos la atención de nuestros lectores acerca de las siguientes declaraciones que, a ruegos nuestros, ha obtenido del Excmo. Sr. Marqués de Villores, secretario delegado del duque de San Jaime en España, nuestro querido amigo de Valencia D. Salvador Peydró Aznar.

En ellas trata el señor marqués de Villores importantísimos problemas de actualidad y habla de las únicas soluciones que pueden tener, ajustándose a las realidades gubernamentales y a los eternos principios de justicia.

Por eso constituyen un verdadero programa de actuación tradicionalista al que da más relieve la alta significación del respetable y queridísimo señor marqués de Villores, jefe delegado de la Comunión Carlista.

José Selva Mergelina (1884-1932),
marqués de Villores

El pensamiento tradicionalista 

En nuestra ya histórica actuación hemos opuesto a las falsas esencias democráticas las esencias españolistas y, en todo momento, el pensamiento tiende a infundir en las realidades políticas y sociales la tradición española que por ser tradición, no es estancamiento ni reacción, sino progreso constante y enlace natural de los eslabones en la cadena de la historia, sin desvirtuar su espíritu ni sus características raciales a través de los siglos.

Y esas esencias de que usted habla y que seguramente no llegan a ser bien entendidas por la democracia española, ¿tienen virtualidad bastante para resolver los problemas que presenta la realidad?

A nuestro juicio, absoluta; y tanta fe y garantía nos merecen que dispuestos estamos ahora como siempre a rendirles el tributo, si es necesario, de nuestras vidas y haciendas, y con esto damos la mayor prueba de la sinceridad de nuestras intenciones.

¿Qué visión tienen ustedes de estas realidades?

El problema más urgente, el que no admite dilación, el que constituye ya un caso patológico de gangrena social, es la ausencia de respeto al principio de autoridad. Y si no ataca en su raíz, la disolución del organismo social es desgraciada y fatalmente segura. La anarquía será la última etapa de los principios a que responde.

Esta situación actual no es más que una etapa intermedia, una consecuencia obligada de los principios, gobiernos y procedimientos liberales, practicados durante cien años, causa a su vez de la destrucción de las bases fundamentales de la sociedad. 

El régimen actual

¿Y no cree usted que el régimen actual pueda imponer ese respeto al principio de autoridad?

Desgraciadamente, no; sería necesario que ese régimen se negara a si mismo. Que rectificara sus doctrinas y sus procedimientos, y si esto hiciera perdería, con justa razón, la confianza de los que se han educado espiritualmente en sus principios. 

¿Y si a pesar de esas consideraciones, que parecen lógicas, el sentido gubernamental se impusiera?

No lo creo. Los hombres de la Monarquía liberal y parlamentaria, primero, y los actuales siempre, son los que han criado la conciencia de rebeldía en las masas y las tendencias de violencia; y esos hombres, que constantemente predicaron ideas disolventes y sembraron odios, esos hombres que niegan el principio de la autoridad divina, representada por la Iglesia, no tienen autoridad moral para imponer respeto al orden social que ellos han venido socavando.

Pues a pesar de todo insisto en que son patentes los esfuerzos de algunos ministro y de otros hombres muy significados en el nuevo régimen para acentuar e imponer carácter conservador a este régimen.

Declararse gubernamental de su propio gobierno, como Azaña en su discurso en la Plaza de Toros; decir como Lerroux que ayer eran revolucionarios, pero que hoy son gubernamentales; que la República será conservadora o no será, como dijo Alcalá Zamora; y correr de Gobernación a las Calatravas para oír misa; serán frases y hechos que podrán convencer a los que ya tengan intereses creados, pero a los de abajo, a los que no llega la participación de beneficios, a los que no alcanza la jauja prometida, a esos no se les convence.

Retrato contemporáneo del Marqués de Villores

Cómo resolvería el tradicionalismo este problema

Entonces y en la eventualidad de tener ustedes que resolver este problema, ¿cómo lo enfocarían?

Conocidas las causas, la lógica impone seguir reglas contrarias. Los liberales han infundido en las masas concepciones de derechos, aunque después, cínicamente, los hayan burlado. Nunca enseñaron obligaciones ni la correlación entre aquéllos y éstas.

Nosotros, pues, seguiremos dirección contraria. No consentiremos hablar de derechos a quien no se acomode antes al cumplimiento de sus deberes.

Primero orden, para que dentro del orden se pueda imponer la justicia. Respeto a la autoridad, para que pueda ésta actuar con plenas garantías de libertad y eficacia.

De estas manifestaciones parece deducirse que ustedes implantarían una dictadura.

No discutimos palabras; sólo nos importan los hechos. En los primeros momentos de todo nuevo régimen siempre la fuerza ha de establecer y consolidar el derecho. La República, hasta estos momentos, vive en régimen dictatorial. La ley de Defensa de la República es la mejor prueba de esta verdad.

Los poderes y límites del actual  Gobierno, según oficialmente ha declarado, son los que él mismo se impuso (ni siquiera reconoce la existencia de los derechos individuales). ¿Por qué, pues, se han de considerar estas manifestaciones mías como tendencias dictatoriales y no se ha de juzgar con igual criterio la actuación republicana? ¿Por qué se nos había de negar a nosotros un crédito de confianza necesaria para pasar a un régimen jurídico definitivo?

¿Y cómo pasaría de ese régimen inicial de excepción al orden jurídico definitivo?

En primer término nombraríamos un Consejo técnico de juristas para revisar la legislación fundamental española, antigua y moderna, con encargo de recopilar todos los preceptos contrastados por la experiencia, en el orden político, civil y social, respetando desde luego las libertades forales, usos y costumbres de los antiguos reinos, y el hecho fundamentalmente democrático de la autonomía para regir sus propios destinos todas las colectividades públicas y personas sociales intermedias entre el individuo y el Estado. 

Esta recopilación de leyes regiría provisionalmente hasta la nueva estructura que se habría de planear sobre las realidades presentes y las orientaciones futuras.

¿Y cuál sería el régimen definitivo?

Para comprender lo que sería España en nuestros régimen, hay que hacer abstracción de todo lo que conocimos en el orden político y sustraernos de las influencias del ambiente en que vivimos. Así, pues, nosotros, a semejanza de lo que dijo Navarro Villoslada, hace ya muchos años, en su célebre «El hombre que se necesita», diremos: 

Abogado, a tus pleitos. —Obrero, a tu trabajo. —Industrial, a tu fábrica, etc.: ¡Se acabó la política! ¡Se acabaron los partidos! ¡Se acabó la explotación de la mentira democrática! 

¿Y cómo sustituirían eso que habrían de destruir? 

Restituyendo la autonomía y libertad, como ya he indicado, a todas las personalidades intermedias entre el individuo y el Estado. 

Los Ayuntamientos formarían libremente sus cartas municipales; formarían mancomunidades comarcales, provinciales y regionales, que regirían sus propios destinos, señalando los límites de sus fines y determinando sus medios. 

En el orden jerárquico de esta organización, las entidades superiores tendrían carácter tutelar y supletorio para los fines que no pudieran realizar las entidades inferiores, el arbitraje entre los conflictos de jurisdicción, la conservación y aplicación de los principios intangibles del derecho de gentes, de los derechos individuales y la defensa social. 

¿Nada más? 

Paralela a esta organización política y administrativa planearíamos la organización corporativa, integral y obligatoria, como directriz fundamental para una nueva estructura social. 

No hablo de Sindicatos, porque esta palabra tiene hoy un sentido de rebeldía, pero en el fondo la antigua organización gremial representaba las tendencias de los actuales Sindicatos profesionales, sin el espíritu revolucionario que hoy domina en las organizaciones obreras. 

José Selva Mergelina (6) junto con su familia (fotografía propiedad de Numen)

La organización corporativa 

¿Qué entiende usted por organización corporativa, integral y obligatoria? 

Aunque todas mis ideas no son dogmas del partido, yo personalmente estimo que la organización corporativa tiene como primera finalidad robustecer la debilidad del individuo con la fuerza de asociación, y todos los ciudadanos deben formar parte de las colectividades que más directamente representen los intereses y peculiares aptitudes. Por consiguiente, deduzco la necesidad de la agremiación profesional obligatoria. 

La riqueza no debe ser una patente que autorice la vagancia, y todos deberían justificar la aplicación de sus actividades personales a un fin útil. Entiendo por integral el conjunto de todas las corporaciones que representen actividades sociales: Producción y distribución de la riqueza; ciencias, cultura, arte, trabajo, intereses morales y religiosos, etc. 

Este conjunto de elementos bien ponderados, constituirían la legítima representación del país y los hombres directivos estarían mejor capacitados que los políticos (única profesión que desaparecería), para estudiar y resolver los problemas de orden social y gubernamental, y representarían más dignamente en Cortes la opinión y la voluntad nacional. 

Las Cortes tradicionales

¿Cómo después de negar la existencia de partidos habla ahora de Cortes?

Nuestras Cortes no tendrían ninguna semejanza con las Cortes parlamentarias; por eso he dicho antes que para comprender nuestro sistema es preciso colocarse fuera del ambiente político en que vivimos.

Daríamos a los organismos técnicos la competencia para resolver los asuntos de técnica, y a los organismos administrativos, los de este orden. A cada región y a cada municipio sus asuntos. A las autoridades judiciales la administración integral de justicia; y a cada una de las organizaciones corporativas los asuntos de su respectiva incumbencia.

Para la responsabilidad de gestión pública, estableceríamos jurisdicciones donde todo ciudadano podría pedir residencia contra los funcionarios y autoridades sin limitación alguna, y reparación de las injusticias gubernativas y los abusos de poder.

Después de esto, los Gobiernos no tendrían que temer la oposición, ni pagar con favores la adhesión de los procuradores en Cortes. El sistema de corrupción electoral; el de mayorías complacientes y minorías revoltosas; el caciquismo en toda la extensa red de sus variedades, no podrían subsistir ni tendrían ninguna razón de ser.

¿Entonces cuál sería la misión de las Cortes?

La de conocer sobre los asuntos de verdadera transcendencia para los destinos de la nación. La de resolver los conflictos entre las jurisdicciones inferiores que no tuvieran señalado otro cauce legal. La de autorizar los impuestos y los gastos generales del Estado, y con el Rey tendrían el Poder legislativo supremo, libre de los intereses y de las pasiones de partidos.

El jefe del Estado sancionaría las leyes, según las fórmulas tradicionales en cada uno de los antiguos reinos, y especialmente, según las leyes de Aragón, que fueron las más liberales y democráticas del mundo. Juraría guardarlas y hacerlas cumplir.

Las Cortes podrían residenciar a todos los funcionarios y autoridades de alta categoría por sus actos de gestión y acusar ante el Tribunal de responsabilidades, que sería permanente e inamovible. No podrían derribar ni elevar Gobiernos, pues el Rey, bajo su personal responsabilidad, reina y gobierna; es el Jefe supremo de la nación y el representante del Poder ejecutivo. Sobre estos principios está fundado el sistema presidencialista de Norte América. De allí no vienen noticias de crisis ministeriales ni de cambios de Gobierno.

¡¡En nuestras Cortes sí que estarían ausentes los Tenores, los Payasos y los Jabalíes!!

Payasos y jabalíes en las Cortes liberales
(imagen tomada de El Blog de El Español)

El sufragio

¿Y la soberanía y el derecho de sufragio?

Nuestro sistema de expresión de la voluntad nacional es la representación por clases y núcleos geográficos de histórica constitución. La soberanía política pasaría a ser función social y corporativa.

Es de libre apreciación si el ciudadano, como tal, debe tener un instrumento directo para manifestación de su voluntad, y en este caso el sufragio universal, lealmente practicado, podría cumplir esta finalidad. Pero el ciudadano, además, tiene otros derechos como partícipe en intereses colectivos. Allí donde se manifiesta y actúa una entidad jurídica, para el cumplimiento de una finalidad colectiva, allí existe un sujeto de derecho. Todas las organizaciones corporativas deben tener derecho a participar en la gobernación del Estado, y sus representantes deberán sujetarse al mandato imperativo.

¿Qué es el mandato imperativo?

La obligación de sujetarse los representantes de los pueblos, de las clases y de los intereses sociales, en el ejercicio de su representación, al mandato expreso que en cada caso les otorgue previamente la entidad que representen. Así, los diputados en Cortes y en las organizaciones intermedias consultivas deliberantes o ejecutivas, se ajustarán siempre a sostener y defender la opinión, el juicio y el mandato que expresen los poderes de su representación.

Este enunciado no excluye el estudio, examen, discusión y mejoramiento de las leyes por los procuradores, pues el mandato se refiere a propuestas concretas sobre asuntos de previo juicio y en todo caso supone la sanción de plebiscito indirecto.

Los procuradores dependerán directamente de sus respectivas corporaciones y éstas podrían revocar y cambiar sus poderes y sustituir las personas cuando así lo estimaran conveniente, y pagarían los gastos y emolumentos de sus procuradores.

La Constitución

Entonces, ¿los tradicionalistas no establecerían una Constitución como ley fundamental?

No la estableceríamos; la restableceríamos. España tiene su constitución con profundas raíces históricas y se define por sus propias tradiciones. 

La recopilación que formaría el consejo técnico jurídico sería el punto de partida para la fijación de los Códigos fundamentales en el orden social, político y civil. Las Cortes elegidas y estructuradas en la forma ya dicha donde todos los intereses estarían legítimamente representados, serían las que en suprema resolución sancionarían aquellos Códigos. Inglaterra no tiene constitución escrita al estilo moderno y es la nación donde mayor culto se rinde a la tradición y a la libertad individual.

El liberalismo

Entonces, ¿dónde están las diferencias fundamentales con lo que ustedes llaman liberalismo?

En el orden filosófico, el liberalismo tiene su origen en el libre examen. Esta doctrina estblece como principio de verdad el criterio de la razón humana, y el hombre dentro de este principio no tiene más responsabilidad en sus actos que la derivada del pacto y del orden jurídico.

La Iglesia Católica sostiene el libre albedrío del hombre sujeto a responsabilidad. Es decir, antes y sobre la razón humana la ley Divina, a la que debe someterse. De esta oposición entre los dos sistemas filosóficos nacen las dos directrices contrarias en todas las acciones humanas y, especialmente, en las religiosas, políticas y sociales. 

Por esto los tradicionalistas españoles, al declararnos católicos, apostólicos romanos, nos sometemos incondicionalmente a las doctrinas y disciplina de la Iglesia, y en la actuación pública, en la organización social y en las funciones del Estado, queremos fundir, con todas sus consecuencias, las doctrinas de Cristo, tal y cómo las interpreta, las define y las aplica la Iglesia Católica. Por eso la Unidad Católica con todo lo que ello entraña y significa es nuestra aspiración fundamental.

Pío XI, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal entre 1922 y 1939,
autor de la Encíclica QUADRAGESIMO ANNO

El problema social 

¿Entonces las soluciones de ustedes en el orden social son las mismas que propugna la Iglesia Católica?

Exactamente. Las Encíclicas RERUM NOVARUM y la última QUADRAGESIMO ANNO constituyen nuestra orientación. En ellas radican virtualmente todas las justas soluciones de los conflictos sociales: La cristianización de la economía es la fórmula sintética del remedio al mal social: Dar la mayor cantidad de bienes materiales posibles, en el orden económico, al mayor número posible de hombres.

Sería inútil —dice el Papa— todo afán de regeneración social, si no vuelven los hombres franca y sinceramente a la doctrina evangélica. 

La Revolución Francesa, con los economistas del siglo XVIII destruyó la antigua organización social, después los progresos de la ciencia han creado un mundo nuevo de posibilidades económicas ilimitadas y el liberalismo no ha sabido encontrar el índice de la ecuación entre la producción y el reparto para consumo. Una organización de la economía que conduce a la miseria por exceso de producción, es una organización fracasada.

Hay que organizar, pues, la producción y el reparto en sistema corporativo. La lucha de clases sustituirla por el orden y la defensa de los intereses creados al amparo y en el régimen de corporación.

¿Pero qué fórmulas prácticas tienen ustedes como soluciones?

Además de la estructuración social corporativa, la más eficaz, la más completa, la dio hace tiempo nuestro malogrado caudillo Jaime III: «Elevar a preceptos jurídicos las esencias de la caridad cristiana y de las Obras de Misericordia».

Esto no significa invasión de las leyes jurídicas en las virtudes individuales; pues aun suponiendo, dice también el Papa, que cada uno de los hombres obtenga todo aquello a que tiene derecho, siempre queda para la caridad un campo dilatadísimo.

Así, pues, ya que el individuo voluntariamente no cumple las obligaciones de caridad y misericordia que debe al prójimo, es preciso que la sociedad se haga cargo de aquéllas, hasta donde lo permitan las posibilidades sociales y elevándolas a preceptos jurídicos las convierta en leyes del código social de cumplimiento obligatorio, sujetos a la sanción y coacción.

Es decir, la sociedad adoptará como cargas sociales las obligaciones de justicia que en este orden le incumban. 

Otros puntos de nuestro programa

¿Puede usted decirme qué entiende por cargas de justicia social?

Protección real y efectiva a la infancia en toda la variedad de sus necesidades. Protección especial a la mujer en su actividad maternal y además para que en todo momento encuentre garantizados los medios legítimos y honestos de subsistencia, instrucción, educación y facilidades para el cumplimiento de los deberes propios de su sexo.

Preparación del individuo, en su niñez y juventud, física, moral y cultural, hasta colocarlo en condiciones de igualdad para la lucha por la existencia, hasta que pueda ser un ciudadano digno y un trabajador capacitado para el ejercicio de su profesión; útil para sí y para la sociedad.

Subsidios familiares en proporción al número de hijos; subsidios a impedidos, inválidos, viejos y jubilados. Seguros de trabajo y de jornal.

¿Pero es posible cumplir este programa?

Posible y seguro; es la visión del futuro social. El mundo y, por consiguiente, la sociedad tiene hoy posibilidades económicas bastantes para cubrir todas las necesidades humanas. Las grandes crisis actuales son consecuencia de exceso de producción. Hoy a la humanidad le es más fácil producir que consumir. La capacidad compradora es inferior a la productora. ¿Qué razón hay para que las fábricas de zapatos estén paradas mientras millones de seres van descalzos?

Leo hoy en un periódico: «La gran cosecha de trigo en Texas forma montañas con las existencias de granos, expuestas a corrupción por falta de compradores». ¡Y los pobres mendigando un pedazo de pan... que no encuentran! Por consiguiente, se puede y se debe cumplir aquel programa.

No estamos acostumbrados a ofrecer sin seguridades de poder cumplir, ni hablamos a los obreros solamente de derechos para halagar sus pasiones y captar su voluntad. Por el contrario, estamos acostumbrados a enseñarles antes sus obligaciones.

Estamos bien seguros de que la sociedad puede y debe cumplir lo que estimamos cargas de justicia social y debe atender todas las vindicaciones del trabajo como factor de producción y como virtud moral, y en conformidad con este alto valor que el trabajo representa, debe corresponderle una mayor participación en la empresa productora y se ha de establecer una mayor equidad en la distribución
de las utilidades.

En este orden, el Tradicionalismo admite todas las reformas que sean necesarias para ajustar a las realidades las nuevas concepciones sociológicas.

¿Qué opinión tienen ustedes sobre la función social de la riqueza?

Esta función social exige que la riqueza se ponga en actividad, pues sólo es fecunda cuando se convierte en instrumentos de trabajo; exigiremos, pues, su transformación y circulación para que se aplique constantemente a la reproducción y llegaríamos, si necesario fuere, a poner remedio al mal de la riqueza improductiva.

Llegaríamos, si necesario fuese, a una prudente limitación de las rentas, si éstas fuesen abusivas, y a la mejora de la retribución del trabajo, compensado hoy solamente por el salario.

***

Hasta aquí las interesantes; e importantísimas declaraciones del excelentísimo señor Marqués de Villores que sin duda habrán leído con gusto nuestros lectores.

1 comentario:

Anónimo dijo...

¿Se presenta la Comunión Tradicionalista a estas elecciones? ¿O qué hara?

Lo digo porque ya hay que recoger las firmas si se quiere uno presentar ...

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