La prioridad nacional en su contexto.
La prioridad nacional, por lo que se asume de su uso en los medios, consiste en la priorización de los nativos españoles con respecto a los ciudadanos extranjeros en lo relativo al acceso a ayudas y servicios. Cómo dijimos en la parte anterior, ésta es una política de sentido común que corresponde tanto a la justicia como a la prudencia. Por un lado, es justo que el Ayuntamiento de Almuñécar, por ejemplo, priorice las necesidades de los almuñequeros por encima de los motrileños: ya que la primera obligación de la Justicia es dar a cada uno lo suyo, y los gobernantes deben cumplir sus obligaciones con respecto a sus gobernados. Por otro, la escasez de recursos o la alta demanda de servicios obligan a establecer prioridades, y éstas deben fijarse en relación a la naturaleza de los servicios y el propio gobierno: en este caso, han de priorizarse las necesidades de los ciudadanos españoles con respecto a las de los extranjeros.
Volviendo a la cuestión de los extranjeros, cualquiera podría aducir que el deber de caridad –la solidaridad o la empatía— obliga a dar auxilio a los extranjeros pobres en estado de necesidad, y que se debe tratar a los españoles y no-españoles en el mismo plano de igualdad. Sin embargo, existe un problema y es la circunstancia en la que nos encontramos: por un lado, desde hace varias décadas hemos tenido unas tasas de desempleo extremadamente altas, y no parece prudente acoger a grandes cantidades de población en esa circunstancia ni procurar darles trabajos y condiciones de vida dignas cuando no somos capaces de dárselas a nuestra propia población. Esto ha sido un motivo constante de queja desde el gobierno de Zapatero, y aunque las tasas de desempleo han mejorado mucho desde entonces también hemos desarrollado otros tipos de problemas: largas lista de espera en los servicios sanitarios por una no-concordancia entre la demanda de éstos y los servicios disponibles, incremento del coste de la vivienda y el alquiler de ésta en todas las capitales y grandes ciudades, en particular Madrid. Por otra parte, llevamos muchos años recibiendo inmigración en grandes cantidades, y eso, amén de la conocida criminalidad y de las implicaciones demográficas que conlleva, ha generado también un fuerte impacto en los salarios y en el mercado de la vivienda que no ha beneficiado a la población nativa –a fin de cuentas, sólo una persona de izquierdas creería que traer millones de extranjeros a una ciudad no provocaría ninguna consecuencia por el incremento de la demanda de trabajos o viviendas.
Caridad exacerbada, sanidad universal y la ruptura
del Contrato Social.
¿Por qué tenemos una parte de la población en contra de la prioridad nacional, entonces? La respuesta es la misma que la que da el nombre a este epígrafe: esa caridad distorsionada que se esconde bajo el nombre de solidaridad y empatía. Los contrarios a la “prioridad nacional” aducen que el mero concepto es un acto de discriminación entre españoles y extranjeros, y en su lugar proclaman el acceso universal a los servicios públicos españoles: en particular a la Sanidad.
Esto a priori no debería resultar muy problemático, pero plantea ciertos inconvenientes tanto a nivel práctico como de la aplicación del “contrato social”. Aplicando el caso concreto a los servicios sanitarios, el establecimiento de un sistema de sanidad gratuita y universal genera un problema: un efecto llamada a cualquier persona para trasladarse a España y ser tratado en los hospitales españoles, lo cual generaría una mayor presencia de extranjeros en España que incrementaría todavía más el problema de las ya largas listas de espera. A nivel “legal”, sin embargo, genera otro problema que parte de la falacia del sistema sanitario “gratuito”: los servicios públicos no son gratuitos. Ni el sueldo de los médicos, enfermeros y otro tipo de personal, los medicamentos, el mantenimiento de las instalaciones ni otras infraestructuras son gratuitas, sino que son mantenidos por el erario público. Aquí es donde entra el Contrato Social al que hacía referencia.
De acuerdo a la mentalidad del ciudadano promedio, el Estado del Bienestar funciona a modo de una mutua de seguros. El ciudadano debe pagar una onerosa tasa de impuestos, así como tolerar prácticas semi-mafiosas de Hacienda y de las Administraciones Públicas, bajo la promesa de que ese dinero –o mejor dicho, parte de él— se dedica a una serie de servicios públicos que podrá utilizar de forma gratuita. Algunos de estos servicios son utilizados de forma prolongada sólo durante un período de la vida del ciudadano, como la educación pública (infancia y juventud) o la propia sanidad (especialmente en la vejez), y otros sólo se utilizarán eventualmente, especialmente si el ciudadano hace uso de sanidad o educación privada. Si este sistema no existiera el ciudadano podría ahorrarse una buena parte del suelo, y emplearlo en educación o sanidad sólo cuando lo necesitara; pero ante una situación ante un accidente cuyo costo superase las disponibilidades económicas, se encontraría en graves problemas.
Dicho de otra forma, la relación gasto-uso es de tipo recíproco, y a cambio de sus impuestos el ciudadano espera una serie de servicios: de ahí el conato de revuelta anti-fiscal que se dio a raíz de la DANA en Valencia. Por su parte, cuando se abre el acceso universal de ciertos servicios como la Sanidad a todo el que desee hacer uso de ella sin cumplir las obligaciones correspondientes es cuando el ciudadano siente que ese contrato social se rompe: por un lado, porque debe cumplir unas obligaciones a las que se exime al extranjero, y por otro, porque sabe que el sobrecoste repercutirá sobre él; dicho de otra forma, que le estamos pagando la Sanidad a los extranjeros.
Imaginemos que una mutua decide un día que toda persona que necesite atención médica en uno de sus centros podrá utilizarla de forma gratuita; sin embargo, sus asegurados deberán seguir pagando. Y lo que es más: como la llegada de nuevos usuarios buscando atención médica gratuita generará costes adicionales –recordemos que los salarios de los médicos y el material no son gratuitos— la diferencia debe ser abonada por los clientes de pago, a lo cual se añade que al haber más gente la espera se hace más larga y el servicio en general empeora. Esto es lo que implica la sanidad universal que se proclama como alternativa a la “prioridad nacional”.
En términos
políticos, esto además supone un cambio en la constitución del Estado del
Bienestar: éste pasa de funcionar como una especie de “aseguradora” en la que
rige un contrato de obligaciones mutuas, a funcionar como una ONG a gran escala
en la que sus miembros están obligados a una relación servil de caridad
forzosa.
Empatía y fin del Estado-Nación.
A raíz del debate de la prioridad nacional en redes, un tuitero que responde al seudónimo de Ciriaco, hizo el siguiente apunte:
«Si
existe España, la “prioridad nacional” es un supuesto obvio e indiscutible. Si
no existe esa prioridad nacional es que no existe la nación misma.»
Este planteamiento trae una serie de implicaciones muy importantes para el medio plazo: el Estado-Nación está en proceso de disolución. Dentro del paradigma de la Nación-Estado, toda nación con un territorio determinado tiene derecho a tener un Estado, por lo que el derecho a existencia del Estado depende exclusivamente de la nación; éste es el principio que guía al nacionalismo vasco y catalán, por ejemplo. Así mismo, a nivel interior la nacionalidad es lo que hace que de cara al derecho un marqués y un labrador sean iguales ante la ley; y, dentro del contexto del sufragio universal, ambos tengan exclusivamente un voto, mientras que los extranjeros carecen de derecho a voto y a ejercer cargos políticos. Así mismo, en el marco de la democracia los gobernantes y los magistrados basan su legitimidad de forma directa en el pueblo –entendiendo aquí pueblo y nación como una misma cosa—, lo cual (al menos en teoría) obliga a los gobernantes a satisfacer los intereses de sus electores. Esto es lo que se rompe con la disolución de la unidad entre Estado y Nación.
A esto cabe añadir otro debate que ha traído la cuestión de la prioridad nacional: que es lo que hace ser español o, como afirma Ciriaco, si la nación española existe y qué es lo que hace ser español. Es decir, si hay un aspecto biológico o étnico en lo español –lo que implica que la Nación es algo previo e independiente del Estado—, o si nacer en España te hace ser español (ius solis), o si es tener la nacionalidad española lo que te hace español. Este último supuesto es el que predomina en nuestra legislación y de cara a buena parte de la opinión pública, pues es la más práctica y la que implica razonamientos menos incómodos, pero trae una consecuencia sumamente problemática: es el Estado el que hace a la Nación y no a la inversa. Así mismo, es destacable hasta qué grado España se ha convertido en un laboratorio político del desmantelamiento nacional: las “nacionalidades históricas” de la Constitución, el “España es un concepto discutido y discutible” del entonces presidente Zapatero, la normalización del concepto “Estado Español” en vez de “España” por la izquierda o las recientes declaraciones del ex-director de Gabinete de la Presidencia de Gobierno según las que preparó un informe para convertir España en un "Estado plurinacional". La idea consecuente es incluso peor que la anterior: la Nación puede que no exista, pero el Estado sí.
El resultado de todo esto es que el Estado pasa de ser un accidente (ente cuya existencia depende de otro ente auto-suficiente) cuya existencia depende de la Nación a constituirse en una entidad autónoma de ésta. Si a esto se añade el principio de no-discriminación bajo la idea de la “empatía”, la nación española, si es que existe, pasa a ser un colectivo más de entre todos los que habitan el territorio bajo jurisdicción del Estado Español. A su vez, el Estado aparece como una fuerza de la naturaleza cuyos líderes parecen regir ya no en virtud del mandato del pueblo español (recordemos que España no existe) ni aún en virtud del bien de los ciudadanos titulares de la ciudadanía (pues primar sus intereses sería discriminar a los no-ciudadanos) sino de una especie de Mandato del Cielo orientado hacia los Derechos Humanos.
Ahora bien, ¿recuerdan cuando dijimos en la segunda parte de nuestra entrada que a nivel religioso el Estado se ha convertido en una deidad de una religión neoazteca que requiere de sacrificios humanos? Pues bien, ésto que hemos explicado aquí es la dimensión exclusivamente política de todo ésto. En el día de hoy, se puede decir que los movimientos nacionalistas deben cumplir un propósito bien claro: hacer que los Estados vuelvan a ser patrimonio exclusivo de sus naciones respectivas con todo lo que eso supone a nivel institucional; y, por otro lado, los movimientos católicos que aspiran a restaurar el Reinado Social de Cristo deben aspirar a poner fin al culto neoazteca del Estado y crear un Estado católico con lo que eso incluye (de lo cual ya hemos indagada parcialmente en las entradas anteriores).
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